El asunto de la financiación de los gastos sanitarios está siendo cada vez más complicado, hasta el punto de que puntualmente se necesitan emprender nuevas acciones presupuestarias, para evitar que los servicios y la calidad de la atención sufran aún más.
Por tanto, la última medida que se ha tomado en Consejo de Ministros es la de obligar a los ciudadanos europeos que voluntariamente quieran ser atendidos por el sistema sanitario público español, y también a los españoles que sean rentistas (ingresen más de 100.000 euros) y que no dispongan de tarjeta sanitaria, a pagar una cantidad mensual que oscilará entre los 60 y los 137 euros mensuales.
Esta medida solamente afectará a los que más recursos tienen, y también a quiénes se benefician del sistema sin tener la residencia fiscal en España, dando un pequeño paso para quienes más tienen paguen más por los servicios públicos.
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