En estos días se está hablando mucho sobre el decreto ley que acaba de aprobar la Junta de Andalucía, y que entrará en vigor mañana viernes, sobre las sanciones que se les impondrán a las sociedades jurídicas que dispongan de viviendas que no pongan en el mercado de alquiler.
Pues bien, esta medida que parecía que en un principio iba a penalizar a sus propietarios para incentivarles para que pongan sus propiedades al servicio de quien las necesite, resultará que también les costará dinero a sus arrendatarios.
Esto se debe a que en el propio decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, establece que:
Los beneficiarios estarán obligados a pagar a la administración expropiante una cantidad en concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar.
Desde el gobierno adaluz se afirma que dicha contribución no superará el 25% de los ingresos familiares, pero ¿se trata de una ayuda o de un 'hachazo' para las familias?
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Vía | El Mundo
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